La
ortodoxia del Consenso de Washington es la antítesis de las demandas
sociales. Las reformas sugeridas por este Consenso propusieron un modelo
económico es el que el Estado ya no garantizaba protección a la gente
frente a los sucesos del mercado. Es decir, a los ciudadanos se les
deja sin la protección institucional, de manera que es el mercado el
suministrador de muchos de los bienes públicos más esenciales. Esto
significa, como dice Paramio (2003), que los "bienes públicos que
antes proporcionaba el Estado de forma gratuita o a precios
fuertemente subsidiados ahora sólo pueden obtenerse a precios de
mercado".
Los
servicios públicos se refiere a "la prestación esencial que cubre
necesidades públicas o de interés comunitario, que explicita las
funciones del Estado, de ejecución per se o por terceros,
mediando concesión, licencia, permiso, autorización o habilitación, pero
siempre bajo fiscalización estatal. Es decir, puede tratarse de la
provisión de agua, luz, gas, teléfonos, como de la prestación de
servicios de educación, salud, transporte, seguridad". (Dromi 2004).
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