Sin los servicios
ambientales, el desarrollo económico no sería capaz de producir, las empresas
sí necesitan el ambiente natural para proporcionar recursos, regular la
contaminación, y otras actividades importantes. Aunque las empresas son
excepcionales en la regulación del desarrollo de los recursos a corto plazo, a
menudo son incapaces de incorporar los impactos ambientales a largo plazo en
sus modelos de negocios. Esto es especialmente el
caso cuando la degradación del medio ambiente es difícil de probar, o cuando el
impacto ocurrirá tan lejos en el futuro que este aparentemente no tiene
importancia (como el cambio climático). Debido a estas limitaciones en las
prácticas comerciales actuales, muchos científicos argumentan esto para la
valoración económica de servicios ambientales.
Es decir, los costos de la
degradación ambiental debe tener un valor monetario para que las empresas más
inclinadas a incluir el medio ambiente en sus prácticas empresariales. Por
ejemplo, una fábrica cerca de un río de agua dulce podría estar emitiendo residuos
peligrosos en el agua. Un partidario de la
valoración económica de servicios ambientales sostiene que deberíamos dar un
valor monetario a los peces en el río, el costo de la eliminación de la
contaminación del ecosistema local, y el valor cultural que el río ofrece a los
residentes cercanos.
Como puede ver, esa
valoración de los elementos intangibles puede ser difícil (por ejemplo, la
determinación de una representación justa monetaria por el valor cultural del sistema
fluvial), pero puede ser muy eficaz en la determinación de los costos reales de
la degradación ambiental. Para ayudar a apoyar la
valoración adecuada de servicios de los ecosistemas, muchos investigadores han
llamado a los gobiernos a cumplir determinadas normas económicas para obligar a
las empresas a cumplir con ciertos estándares ambientales.
Hay numerosas políticas que
los gobiernos podrían implementar para lograr esto, pero los tres más grandes
son los impuestos, las subvenciones, y el voluntariado. Los impuestos significa la
aplicación de una sanción monetaria (o impuesto) sobre determinadas actividades
que degrada el medio ambiente. Por ejemplo, en Europa, los gobiernos han
instituido un impuesto al carbono para compensar las emisiones que la
combustión de gasolina libera a la atmósfera. Los subsidios son incentivos
económicos que los gobiernos pueden proporcionar a las empresas para iniciar pro-política
ambiental. Por ejemplo, un gobierno podría ofrecer una compensación monetaria
por la compra de tecnología de energía más eficiente en una fábrica en
particular.
Por último, el voluntariado
es una política de información a empresas y particulares sobre la degradación
del medio ambiente que determinadas actividades puede tener. En este caso, la
responsabilidad recae sobre la empresa individual a instituir las medidas
ambientales recomendadas. Por lo tanto, el gobierno tiene un papel importante
como regulador del desarrollo económico, sino que también puede incorporar los
servicios ambientales en los balances de las empresas. Las políticas que el
gobierno adopta son fundamentales en la conformación de cómo las empresas hacen
negocios.
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